En febrero de 2026, Venezuela atraviesa un momento determinante en materia de derechos humanos tras la entrada en vigor de una ley de amnistía que ha impulsado la liberación masiva de personas consideradas presos políticos.
La organización Foro Penal confirmó cientos de excarcelaciones en pocas semanas, lo que redujo significativamente el número de detenidos por razones políticas y marcó un giro relevante en el escenario nacional.
Cómo comenzó el proceso
Las primeras liberaciones se registraron en enero de 2026, pero el punto decisivo llegó el 5 de febrero, cuando la Asamblea Nacional promulgó formalmente la ley de amnistía.
La normativa abarca personas vinculadas a protestas ocurridas en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024. También contempla la devolución de bienes incautados y la cancelación de ciertas alertas internacionales.
Antes de enero, Foro Penal estimaba más de 800 presos políticos en el país. Para mediados de febrero, la cifra descendía a menos de 300 casos confirmados.
El gobierno presentó la medida como un gesto humanitario. Dirigentes como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello difundieron listados generales de excarcelaciones, mientras organizaciones civiles insistieron en la verificación individual de cada caso.
La Organización de las Naciones Unidas confirmó parcialmente varias liberaciones.
Entre los factores que influyeron en el proceso se mencionan la presión internacional tras la salida de Nicolás Maduro del poder, gestiones diplomáticas y un contexto de transición política.
Liberaciones destacadas en febrero
Entre los casos confirmados figuran:
- Javier Tarazona, director de Fundaredes, liberado el 1 de febrero tras permanecer detenido en El Helicoide.
- Rocío San Miguel, analista especializada en temas militares.
- Biagio Pilieri, empresario vinculado al respaldo de Edmundo González.
- Enrique Márquez, excandidato opositor detenido tras las elecciones de 2024.
También se reportaron excarcelaciones desde centros de reclusión como Tocorón, Ramo Verde y Yare III.
Además, se confirmó la liberación de ciudadanos españoles e italianos, así como activistas, estudiantes y periodistas.
Balance del proceso
Entre el 8 de enero y el 19 de febrero, Foro Penal verificó más de 380 liberaciones confirmadas. Las cifras oficiales superaron los 800 anuncios acumulados, aunque existen discrepancias debido a diferencias en los criterios de conteo.
Para mediados de febrero:
- Más del 60 % de los detenidos políticos habrían sido liberados.
- Permanecen más de 300 personas privadas de libertad.
- Algunos casos no están cubiertos por la amnistía debido a cargos militares u otros procesos judiciales.
Impacto político y social
Las excarcelaciones fortalecieron a sectores de la oposición. Dirigentes como María Corina Machado resaltaron la importancia del retorno de activistas y líderes a la vida pública.
En el plano social, el proceso contribuyó a reducir tensiones tras las protestas de 2024. Se levantaron huelgas de hambre en centros de detención y se inició atención médica para personas afectadas por condiciones de reclusión precarias.
No obstante, organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo investigaciones sobre denuncias de tortura y malos tratos.
Reacciones internacionales
El expresidente estadounidense Donald Trump elogió públicamente el ritmo de las liberaciones. España e Italia facilitaron el retorno de algunos ciudadanos liberados, mientras el diplomático José Luis Rodríguez Zapatero participó en gestiones de mediación.
El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, solicitó mayor transparencia y verificación independiente del proceso.
Desafíos pendientes
A pesar de los avances, persisten retos significativos:
- Más de 300 personas siguen detenidas.
- Algunos liberados presentan problemas de salud que requieren seguimiento médico.
- La reintegración laboral y psicológica demanda apoyo institucional.
- Existen obstáculos administrativos en la devolución de bienes y cancelación de alertas internacionales.
Perspectivas hacia marzo
Varios liberados han descrito su excarcelación como una nueva oportunidad para retomar su labor cívica. Se prevé que el proceso de amnistía podría completarse en marzo, aunque Foro Penal mantiene el monitoreo ante posibles nuevas detenciones aisladas.
En conjunto, febrero de 2026 representa un punto de inflexión en la situación de derechos humanos en Venezuela. El desenlace dependerá de la consolidación de la transición política y de la implementación de garantías sostenibles que eviten nuevos ciclos de represión.